Una futura madre que visitó una clínica médica en Seúl, Corea del Sur, el mes pasado para recibir una inyección nutricional, se despertó horas después para enterarse de que le habían dado un aborto por error, dijo la policía.
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La policía dijo que planeaba pedirles a los fiscales que acusen al médico de la clínica y a una enfermera por los cargos de infligir lesiones accidentales. El personal, dijo la policía, administró anestesia y realizó un aborto a la mujer, de nacionalidad vietnamita, que tenía seis semanas de embarazo.
La policía no identificó a la mujer, el médico o la enfermera. No ha habido arrestos.
Un investigador de la policía, Chan-su, se negó a confirmar los informes noticiosos locales de que el aborto accidental tuvo lugar después de que se confundieron las historias clínicas y la mujer fue confundida con otro paciente que buscaba un aborto después de un aborto espontáneo.
En un fallo histórico en abril, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur revocó una ley de 66 años que convirtió el aborto en un delito punible con hasta dos años de prisión, y le otorgó al Parlamento hasta el final de 2020 para revisar la ley.
Según la ley actual, una mujer que se somete a un aborto también puede ser castigada con hasta un año de prisión o una multa de hasta 2 millones de wones, alrededor de $ 1,670. Los abortos son legales en circunstancias excepcionales, como violación, incesto o cuando la salud de una mujer está en riesgo.
Sin embargo, los médicos solo pueden ser acusados cuando realizan abortos intencionalmente, no por error, dijo la policía. La ley actual tampoco considera al feto como un ser humano, por lo que el cargo de homicidio accidental no se puede aplicar en este caso, dijeron.
A pesar de la prohibición del aborto, la práctica está muy extendida y la ley rara vez se aplica. Solo en 2017, se llevaron a cabo 49.700 abortos, casi el 94 por ciento de ellos ilegalmente, según las estimaciones publicadas por el Instituto de Salud y Asuntos Sociales de Corea administrado por el gobierno. El número real podría ser mucho mayor, según los grupos cívicos.
Entre 2012 y 2017, solo 80 mujeres o médicos fueron a juicio por su participación en abortos, y solo una de ellas pasó tiempo en prisión, y el resto recibió multas o penas de prisión suspendidas, según datos judiciales.
En su fallo, el Tribunal Constitucional calificó la ley antiaborto como «una restricción inconstitucional que viola el derecho de una mujer embarazada a elegir». Pero dejó al Parlamento decidir si restringir los abortos en las últimas etapas de un embarazo.
H/T – Periodistadigital
